El vigésimo segundo duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo, titular y cabeza en la actualidad del condado y ducado más antiguos de España, es una persona moderadamente satisfecha con la sentencia dictada por el Juzgado de Sanlúcar de Barrameda, que ha condenado a la Fundación Casa de Medina Sidonia a devolver más de 33 millones de euros a los tres hijos y a la viuda de la anterior titular del ducado. Pero el mayor de los hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo –conocida popularmente como «la duquesa roja»– matiza que está parcialmente satisfecho porque se reconocen unos derechos que eran negados de plano, aunque no está de acuerdo con los detalles de la sentencia misma.
«Tanto mis hermanos como yo consideramos que ésta es favorable sin duda, sobre todo en el aspecto económico, aunque conviene que se sepa que hemos aceptado unas valoraciones mínimas de un patrimonio cuyo valor asciende a varios cientos de millones. La cantidad determinada por el tribunal no comprende el importe total de las legítimas, pues no se han incluido bienes que están en la fundación y que no pudieron ser valorados por las trabas que impuso la directiva a la labor de las albaceas nombradas por mi madre, algo que reconoce el propio juez. Pero –prosigue– lo más preocupante para mí es que la sentencia no garantiza la vinculación material de los duques de Medina Sidonia en el presente y en el futuro con un patrimonio que sus antecesores fueron conformando durante más de 700 años. También porque no se me reconoce el derecho sobre la fundación, que ahora está en manos de Liliane Dalhmann, la viuda de mi madre, y del Patronato. De él forman parte el Ayuntamiento de Sanlúcar, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, la Dirección General de Archivos y Bibliotecas y el Ministerio de Cultura y, aunque yo soy vocal, hace un mes fui suspendido de mis funciones», explica a LA RAZÓN.
El primogénito de «la duquesa roja», Leoncio Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo, aunque él prefiere obviar el nombre de Leoncio y usar el de Alonso, es profesor de Historia de la Economía en la Universidad de Castilla-La Mancha. El duque es un apasionado de la historia de España y experto en investigación, gracias, en gran parte, a la influencia de su madre, que le inculcó siempre ese interés. De ahí que reclame ahora al Tribunal Superior de Andalucía, en el recurso presentado el pasado enero, que se reconozca su cuota de propiedad de los bienes donados a la fundación: el palacio ducal de Sanlúcar con su contenido; el Archivo, considerado como uno de los de carácter privado más importante es de Europa; y las obras de arte, muchas propiedad de los herederos pero depositadas ahora en la sede de la fundación.
«Yo no quiero, en manera alguna excluir a nadie de la institución que alberga seis millones de documentos de un valor incalculable, tasados casi de manera simbólica en 30 millones de euros. Pero sí reclamo mi derecho a supervisar y participar en la gestión de esos fondos históricos, una labor que han desempeñado con mayor o menor fortuna mis antepasados y por eso siguen estando accesibles en el Palacio de los Guzmanes después de siete siglos. Mi familia –comenta– ha demostrado a lo largo de todo ese tiempo su voluntad de conservar ese inmenso capital histórico y su capacidad para hacerlo. Lo que pido es que se abra una negociación para llevar a cabo cambios estatutarios en la fundación que me permitan participar activamente en la gestión del Archivo y en la conservación del patrimonio de la Casa Ducal», añade.