Desde que Julián Muñoz entrara en la cárcel por segunda vez en 2013, se ha podido percibir el rápido deterioro físico que el exalcalde de Marbella ha sufrido en prisión por culpa de su enfermedad. Pero gracias a la misma, ha podido disfrutar del permiso de semilibertad o tercer grado. Hoy, ha salido de la prisión de Alhaurín de la Torre para disfrutar de su segundo permiso. Deberá regresar el lunes tal y como especifica el auto del Juzgado de Vigilancia Penintenciaria.
Pero cuando parecía que la enfermedad de Muñoz le iba a abrir las puertas a la libertad para poder disfrutar de sus últimos años de vida, el exregidor ha tenido que enfrentarse a la decisión del juez que le deniega el derecho de libertad condicional. «No comparto la resolución porque creo que no se han tenido en cuenta los requisitos de la libertad condicional y que Julián Muñoz los cumple todos. Si se dan los requisitos, el juez no tiene margen para decidir si le parece o no adecuado darle la libertad» ha explicado Antonio José García, abogado del excalde, quien no comparte la resolución tramitada por el juzgado de Vigilancia número 3 de Andalucía en la que se deniega el permiso de libertad condicional a su cliente. Por ello, esta semana recurrirá el auto. Además, García también ha criticado el estudio parcial que el juez ha llevado a cabo sobre la salud del acusado que, basado en un informe médico del centro penitenciario que le daba una esperanza de vida de cinco a diez años, es contradictorio a todos los informes anteriores en los que los resultados eran mucho más alarmantes dándole sólo de uno a cinco.
A pesar de que Antonio José García ha confirmado que, además de interponer un recurso para la concesión de la libertad condicional, también va a pedir que el régimen de semilibertad del que goza «sea más amplio y no sólo sea los fines de semana», no ha servido de nada. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Andalucía, ha acordado denegar la concesión de la libertad condicional a Julián Muñoz al considerar que ello supondría vulnerar el equilibrio constitucional entre el más absoluto respeto a la dignidad intrínseca que toda persona debe de poseer y el deber del cumplimiento de las penas impuestas. Aún así, dicha denegación, notificada este viernes a las partes, no es firme.